¿En las aulas o en las jaulas?

La universidad española adopta, desde unos años atrás, una actitud lanar ciertamente preocupante: una serie de cubos de basura ideológica en forma de militantes independentistas, comunistas o lo que sea –siempre de extrema izquierda, no obstante– boicotea el normal tránsito de ideas que en toda universidad debe ser contemplado como un saludable ejercicio democrático; ello lo realizan, curiosamente, ante el desentendimiento abúlico de una buena parte de estudiantes que, bien por amedrentamiento, bien por indiferencia, no realiza gesto alguno para colocar a toda esa chusma en su sitio y, por supuesto, ante el natural pasotismo cómplice de la mayoría de los rectores. La impunidad con la que se mueven esos agitadores de baba sucia e intelecto podrido hace que conferenciar en algunas facultades españolas sea prácticamente imposible. Imposible si eres del PP o no eres socio del PSOE. Imposible si eres de Ciutadans o si eres Fernando Savater. Imposible si no eres Arnaldo Otegi, que no suele tener problema alguno.

Los casos de María San Gil, Dolors Nadal y Rosa Díez ilustran suficientemente lo antedicho. Bastan 50 gilipollas disfrazados de contracultura política para paralizar el sacrosanto deber de una fábrica de ideas como la que, en teoría, debe ser una universidad. La violencia es utilizada contra una forma democrática de pensar, de comportarse, de planear el futuro; las técnicas utilizadas por estos grupos de estúpidos son puramente mafiosas y filoterroristas, pero las consecuencias, en fin, no existen.

Los independentistas gallegos que quisieron agredir a María San Gil, a la que le desearon la muerte a manos de ETA, han salido de los juzgados a los que fueron llamados ufanándose de su acción y amenazando a los que pretendan utilizar su libertad en Galicia para dar una charla o protagonizar un acto. La chusma sectaria y también independentista que acosa y arremete a los que tienen la osadía de visitar las universidades catalanas es «comprendida» por sus mentores políticos, Esquerra Republicana de Cataluña, y, en cualquier caso, tan sólo condenada con la boca pequeña por aquellos que abusan de los considerandos para no ser plenamente contundentes, para no tener que solidarizarse con la indigna derecha. En el caso de la Complutense de Madrid, el rector Berzosa –firmante de la PAZ de apoyo a ZP– no ha encontrado motivos para llamar siquiera la atención de los que atosigaron e insultaron a la valiente eurodiputada vasca. Todos estos grupos tienen en común, por cierto, sospechosas conexiones con Batasuna, que estaría exportando su modelo de socialización del sufrimiento con la ayuda inestimable de grupos políticos como los arriba mentados y el concurso de todos esos becerros miserables. A ello añadamos un panorama un tanto desolador: si los estudiantes decentes callan y los rectores callan, ¿en manos de quién se deja la defensa de la universidad, de su dignidad, de su grandeza?

Sorprende el desinterés de los responsables políticos por acotar los movimientos de extrema izquierda fascistoide, por acabar con esta secta de animales irracionales. Es preferible para muchos de ellos mirar para otro lado y hacer ver que es una situación menor, intrascendente. Resulta más cómodo no enfrentarse a una realidad como la presente, que hasta la hora de escribir este suelto han sido principalmente las mentadas. Asusta pensar qué es lo que van a dejar estos energúmenos ignorantes para el final de la campaña, que ya está próximo. Los dirigentes políticos y universitarios, la Fiscalía y las fuerzas de orden público no deben andarse con miramientos: han de defender a los agredidos y no colaborar en la coincidencia de mensajes. Cuando se abusa del mensaje de «derecha extrema» –que es una forma de decir lo que no se atreven a pronunciar: «extrema derecha»–, sientan las bases para que los más filoterroristas los acusen de «fascistas» y, por lo tanto, todo valga contra ellos. No se puede dar a entender que, en el fondo, se lo merecen.

Eso es colaboración en la excrecencia. Eso es legítimar la inmensa mierda que son esos tipos. Y la democracia no está para esas bromas. Como dice Barbeito, más que en aulas parece que estén en jaulas.

Carlos Herrera.
xlsemanal
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Guerreros togados

Despues de casi un mes en dique seco, y con las baterías casi gastadas, cuelgo este artículo de Emilio Capmany en Libertad Digital, comentando el reciente encontronazo institucional con motivo del proceso contra los Albertos.

La sentencia por la que el Tribunal Constitucional ampara a los Albertos y considera prescrito su delito de estafa ha dado lugar a un toma y daca que sugiere preocupadas reflexiones e inquietantes preguntas.

Lo primero que hay que decir es que la doctrina del Tribunal Constitucional no es tan disparatada como parece. Entender que la prescripción del delito no se interrumpe por la presentación de la querella o denuncia y que sólo se produce con su admisión a trámite es discutible, pero no descabellado.

Lo que sí puede ser descabellado es que el Tribunal Constitucional, limitada su función jurisdiccional a valorar si los condenados han sido privados de la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho, estime que, por una interpretación del Tribunal Supremo acerca del modo en que prescriben los delitos, ha privado a los Albertos de ella. Si no se disfruta de tutela judicial efectiva por esto, no se disfrutará en general siempre que un tribunal, incluido el Supremo, condene a alguien en base a una interpretación de las leyes con la que no está conforme el Constitucional. Entonces, el Constitucional sería el verdadero Tribunal Supremo, y éste no pasaría de ser una instancia intermedia.

Así que todas las quejas en general y las de la Fiscalía en particular están más que justificadas. Ahora bien, es impropio de un Fiscal General del Estado criticar una sentencia del Tribunal Constitucional acusándolo demagógicamente de estar más cerca de los estafadores que de los estafados y poniéndose él mismo como ejemplo de institución que hace lo contrario, estar más cerca de las víctimas que de los delincuentes. Todos ellos están para hacer Justicia, y esto significa absolver cuando hay que absolver y condenar cuando hay que condenar, y no estar más cerca de nadie.

Menos aún se entiende la reacción del propio Tribunal Constitucional que, sin rechistar a las críticas del Tribunal Supremo, le envió una nota al presidente del Gobierno pidiéndole, poco más o menos, que sujete a su Fiscal General e impida que exprese su punto de vista cuando sea contrario a la doctrina del alto tribunal.

¿Desconoce el Tribunal Constitucional que la Fiscalía forma parte del Poder Judicial y que, por lo tanto, es independiente del Poder Ejecutivo? ¿No será cosa de que el Tribunal intuye que, de facto, la Fiscalía hace lo que el Ejecutivo quiere que haga? ¿Ha sido la sentencia que anula la condena de los Albertos una sentencia "política", poco respetuosa con el Derecho positivo, pero necesaria para hacer justicia material sin tener qué explicar adónde fue realmente a parar el dinero supuestamente estafado? ¿Es por eso por lo que el Constitucional se ve obligado a apelar a la máxima autoridad política en busca de amparo?

La contestación del presidente del Gobierno diciendo que "toma nota" de la queja, como si estuviera en disposición de proporcionar el amparo solicitado, inclina a creer que la respuesta a las anteriores preguntas es afirmativa.

Un feo asunto que no deja de ser una prueba, entre muchas otras, de cuánta falta hace en España una Justicia más independiente. He aquí un buen tema sobre el que debatir el próximo lunes. Ya verán como no sale.