Guerreros togados

Despues de casi un mes en dique seco, y con las baterías casi gastadas, cuelgo este artículo de Emilio Capmany en Libertad Digital, comentando el reciente encontronazo institucional con motivo del proceso contra los Albertos.

La sentencia por la que el Tribunal Constitucional ampara a los Albertos y considera prescrito su delito de estafa ha dado lugar a un toma y daca que sugiere preocupadas reflexiones e inquietantes preguntas.

Lo primero que hay que decir es que la doctrina del Tribunal Constitucional no es tan disparatada como parece. Entender que la prescripción del delito no se interrumpe por la presentación de la querella o denuncia y que sólo se produce con su admisión a trámite es discutible, pero no descabellado.

Lo que sí puede ser descabellado es que el Tribunal Constitucional, limitada su función jurisdiccional a valorar si los condenados han sido privados de la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho, estime que, por una interpretación del Tribunal Supremo acerca del modo en que prescriben los delitos, ha privado a los Albertos de ella. Si no se disfruta de tutela judicial efectiva por esto, no se disfrutará en general siempre que un tribunal, incluido el Supremo, condene a alguien en base a una interpretación de las leyes con la que no está conforme el Constitucional. Entonces, el Constitucional sería el verdadero Tribunal Supremo, y éste no pasaría de ser una instancia intermedia.

Así que todas las quejas en general y las de la Fiscalía en particular están más que justificadas. Ahora bien, es impropio de un Fiscal General del Estado criticar una sentencia del Tribunal Constitucional acusándolo demagógicamente de estar más cerca de los estafadores que de los estafados y poniéndose él mismo como ejemplo de institución que hace lo contrario, estar más cerca de las víctimas que de los delincuentes. Todos ellos están para hacer Justicia, y esto significa absolver cuando hay que absolver y condenar cuando hay que condenar, y no estar más cerca de nadie.

Menos aún se entiende la reacción del propio Tribunal Constitucional que, sin rechistar a las críticas del Tribunal Supremo, le envió una nota al presidente del Gobierno pidiéndole, poco más o menos, que sujete a su Fiscal General e impida que exprese su punto de vista cuando sea contrario a la doctrina del alto tribunal.

¿Desconoce el Tribunal Constitucional que la Fiscalía forma parte del Poder Judicial y que, por lo tanto, es independiente del Poder Ejecutivo? ¿No será cosa de que el Tribunal intuye que, de facto, la Fiscalía hace lo que el Ejecutivo quiere que haga? ¿Ha sido la sentencia que anula la condena de los Albertos una sentencia "política", poco respetuosa con el Derecho positivo, pero necesaria para hacer justicia material sin tener qué explicar adónde fue realmente a parar el dinero supuestamente estafado? ¿Es por eso por lo que el Constitucional se ve obligado a apelar a la máxima autoridad política en busca de amparo?

La contestación del presidente del Gobierno diciendo que "toma nota" de la queja, como si estuviera en disposición de proporcionar el amparo solicitado, inclina a creer que la respuesta a las anteriores preguntas es afirmativa.

Un feo asunto que no deja de ser una prueba, entre muchas otras, de cuánta falta hace en España una Justicia más independiente. He aquí un buen tema sobre el que debatir el próximo lunes. Ya verán como no sale.

Ofensiva contra los obispos: ¿A qué tienen miedo?

Merece la pena leer este artículo de Opinión de Victoria Llopis, que hoy publica Libertad Digital; resume de manera magistral cómo está el patio ideológico del PSOE.

Pido la paz y la palabra...

Empieza a ser verdaderamente llamativo el torrente de críticas "no constructivas", descalificaciones groseras e insultos personales que se vierten sobre cualquier discrepante, tanto del partido político que lidera la oposición, como de las diversas asociaciones civiles de variado ámbito, y sobre todo y muy especialmente, de la Iglesia Católica. Llamativo y sobre todo sintomático: huele a perdedor.

Centremos los antecedentes. Hace tiempo que es ya público que para el inquilino de la Moncloa la acción política no debe tener una referencia antropológica y moral, no está vinculada a tradiciones filosóficas o espirituales, sino que es la expresión de la autodeterminación total: los deseos individuales se convierten en derechos, y el Poder legisla para que se cumplan.

Ahí tienen, por ejemplo, las confesiones del presidente a Suso de Toro en Madera de Zapatero o el jugoso prólogo del libro de Jordi Sevilla De nuevo, Socialismo:

En política no hay ideas lógicas. Hay ideas sujetas a debate que se aceptan en un proceso deliberativo, pero nunca por la evidencia de una deducción lógica. En política no sirve la lógica, es decir, en el dominio de la organización de la convivencia no resultan válidos ni el método inductivo ni el método deductivo, sino tan sólo la discusión sobre diferentes opciones sin hilo conductor alguno que oriente las premisas y los objetivos; entonces todo es posible y aceptable, dado que carecemos de principios, de valores y de argumentos racionales que nos guíen en la resolución de los problemas.

Para este hombre, el ser humano y la vida social serían como una página en blanco, susceptibles de reinventarse por completo en función de un nuevo consenso social, que en la práctica es tremendamente moldeable por el Poder.

Zapatero sueña con ser el nuevo Mesías que lleve al pueblo español –secularmente "alienado" por la penetración de la Iglesia– a la nueva tierra de promisión donde podrán disfrutar de la leche y miel del relativismo, del laicismo y de la ideología de género, las tres patas del banco en el que quiere que nos sentemos todos. Naturalmente, para ello aquellas tradiciones morales e instituciones que han moldeado nuestra bimilenaria historia común suponen un obstáculo para esa política de tabla rasa.

La hostilidad hacia ese tejido de sociedad civil que ha ido emergiendo a medida que aumentaban los actos y el clima opresivo, y que en forma sorprendentemente rápida han conseguido organización y sobre todo visibilidad pública, ha sido una constante de la legislatura: AVT o Foro de Ermua, padres objetores y centros escolares beligerantes frente a Educación para la Ciudadanía, obispos díscolos, militantes del PSOE disidentes, periodistas y medios de comunicación libres...

Zapatero no ha ahorrado referencias peyorativas a una sociedad marcada por una moral "carca" y "casposa". Para adornar tan extraordinario argumento se ha apoyado en su mentor, Peces Barba, quien ha declarado que "el creyente no puede ser protagonista político". ¿Motivo? Las religiones son irracionales y los creyentes por lo tanto lo serían también. Traducción: el Poder se arroga la potestad de decidir quién puede tener protagonismo y quién no en la vida pública, que consideran, por tanto, su propio cortijo. Pues señores, lamentamos decirles que eso no es más que grosera mentalidad totalitaria.

Miren: si otras formas de ver la vida tuvieron en el pasado algún tipo de hegemonía, la solución no es su sustitución por otra hegemonía estatalista y laicista de signo opuesto, sin sencillamente la libertad. Su mayoría parlamentaria es tan exigua que deja fuera prácticamente a la mitad de los ciudadanos; pero aunque fuera más amplia, tampoco estaría legitimada para imponer legislativamente una nueva moral y costumbres; una nueva matriz ética y un nuevo universo cultural.

No se puede dar por aceptable para todos lo que no es aceptado por todos. No puede pretender que legislan en nombre de la libertad si lo hacen violentando la libertad de muchos.
Por ello, frente al respeto por las reglas del juego que muestran todos los actores sociales mencionados, ellos sólo insultan, descalifican, agreden de mil maneras. Ya decía Julián Marías que "la mentira introduce la perversión en las relaciones humanas, perturba la visión de lo real, confiere una circulación fraudulenta a tesis que nada tienen que ver con la realidad. Se trata de una colosal suplantación de lo verdadero por ficciones incapaces de resistir cinco minutos de análisis. Por ello, el tratamiento de la mentira debe consistir en dejar a los que falsean la realidad sin el apoyo envolvente de los que favorecen sistemáticamente la suplantación. La realidad misma es la que puede asumir la función de la afirmación de sus derechos irrenunciables."

Y la realidad es que la Iglesia Católica sigue convocando a amplias multitudes porque ven en ella en estos momentos de encrucijada nacional un baluarte firme e insobornable de defensa de las libertades que consagra nuestra Constitución y que el Gobierno de Zapatero está conculcando de facto: libertad de educación, igualdad de todos ante la Ley, solidaridad entre los territorios, pluralismo ideológico y defensa de la dignidad del hombre y su verdad antropológica.

Ya les advirtió Habermas que "el precepto de neutralidad frente a todas las comunidades religiosas y todas la ideologías no desemboca necesariamente en una política religiosa laicista que hoy en día es criticada incluso en Francia". En la Francia cuyo presidente acaba de afirmar que "la laicidad positiva vela al mismo tiempo por la libertad de pensar, de creer y de no creer, y no considera que las religiones son un peligro, sino más bien una ventaja".

Sin libertad de conciencia y sin libertad de expresión no hay sociedad occidental, no hay Estado de Derecho. Y criminalizar esas libertades es retornar a los más oscuros periodos de la Historia.

"La Iglesia no ha entrado en campaña electoral y su discurso no es político", ha protestado Monseñor Martínez Camino. Lo saben, Monseñor, lo saben. Sólo quieren que se callen. Pero deberían darse por avisados con lo que ha dicho Monseñor Sebastián: que lo tendrán difícil, porque "la Iglesia es toda ella Palabra".

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