Why?

¿Por qué algunos se empeñan en decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas?
¿Por qué, en tantos casos, al españolito de a pié se le vence, pero no se le convence?
¿Por qué tienen esa fijación con la Iglesia los que no han pisado una en toda su vida?
¿Por qué tanta coña marinera con el Bus-Ateo si, según ellos, Dios no existe… probablemente?
¿Por qué tratan de imponer a capones la EPC los que predican la tolerancia y el “buen rollito”?
¿Por qué tienen que ir algunos con escolta en pleno siglo XXI y en un país que se dice civilizado?
¿Por qué tenemos una clase política tan ramplona?

Constructores de la Sociedad

Ahora que se habla tanto de las reformas sociales que pretende impulsar el PSOE, no está de más releer el fenomenal artículo que publicó D. Pablo Cabellos en el diario Levante el pasado 29.III.2008. Lo mejor de todo está al final.

Toda la vida social es expresión de su inconfundible protagonista: la persona. Este importante reconocimiento se expresa en la afirmación de que lejos de ser un objeto y un elemento puramente pasivo de la vida social, el hombre es, por el contrario, y debe ser y permanecer, su sujeto, su fundamento, su fin. No han faltado en el pasado, y aún se asoman dramáticamente a la escena de la historia actual, múltiples concepciones reductivas, de carácter ideológico o simplemente debidas a formas difusas de costumbres y pensamiento, que se refieren al hombre, a su vida y a su destino. Estas concepciones tienen en común el hecho de ofuscar la imagen del hombre, acentuando sólo algunas características, con perjuicio de todas las demás.

Una sociedad justa puede ser realizada solamente en el respeto a la dignidad trascendente de la persona. Ésta representa el fin último de la sociedad, que está a ella ordenada: el orden social, pues, y su progresivo desarrollo deben en todo momento subordinarse al bien de la persona, ya que el orden real debe someterse al orden personal, y no al contrario. Por esta razón, ni su vida, ni su pensamiento, ni sus bienes, ni cuantos comparten sus vicisitudes personales y familiares pueden ser sometidos a injustas restricciones en el ejercicio de sus derechos y de su libertad. La dignidad humana requiere, por tanto, que el hombre actúe según conciencia y libre elección, es decir, movido e inducido por convicción interna personal y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de mera coacción externa. El recto ejercicio de la libertad personal exige unas determinadas condiciones de orden económico, social, jurídico, político y cultural que son, con demasiada frecuencia, desconocidas o violadas.

Se trata del principio de la dignidad humana en el que cualquier otro principio y contenido de la doctrina social encuentra fundamento: del bien común, de la subsidiaridad y de la solidaridad. La subsidiaridad está entre las directrices más constantes y características de la doctrina social de la Iglesia. Es imposible promover la dignidad de la persona si no se cuidan la familia, los grupos, las asociaciones, las realidades territoriales locales, en definitiva, aquellas expresiones agregativas de tipo económico, social, cultural, deportivo, profesional, político, a las que las personas dan vida espontáneamente y que hacen posible su efectivo crecimiento social. La red de estas relaciones forma el tejido social y constituye la base de una verdadera comunidad de personas. Es éste el ámbito de la sociedad civil.

Conforme a este principio, todas las sociedades de orden superior deben ponerse en una actitud de ayuda (subsidium) —por tanto, de apoyo, promoción, desarrollo— respecto a las menores. A la subsidiaridad entendida en sentido positivo, como ayuda económica, institucional, legislativa, corresponde una serie de implicaciones en negativo, que imponen al Estado abstenerse de cuanto restringiría, de hecho, el espacio vital de las células menores y esenciales de la sociedad. Su iniciativa, libertad y responsabilidad no deben ser suplantadas. La negación de la subsidiaridad, o su limitación, limita y a veces también anula el espíritu de libertad e iniciativa. Con el principio de subsidiaridad contrastan las formas centralizadas, de burocratización, de asistencialismo, de presencia injustificada y excesiva del Estado y del aparato público.

Consecuencia característica de la subsidiaridad es la participación, que se expresa, esencialmente, en una serie de actividades mediante las cuales el ciudadano, como individuo o asociado con otros, directamente o por medio de los propios representantes, contribuye a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenece. La participación en la vida comunitaria es también uno de los pilares de todos los ordenamientos democráticos, además de una de las mejores garantías de permanencia de la democracia. Así, la comunidad política se constituye para servir a la sociedad civil de la cual deriva y con la que debe regular sus relaciones según el principio de subsidiaridad.

Una advertencia: sólo el título es mío, y ni una palabra más, ni siquiera para mejorar el conjunto de la redacción. Me he limitado a «cortar y pegar» del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, sin ningún género de manipulación.

¿Libertad de enseñanza?

Ahora que se cumplen 30 años desde que España decidió constituirse en un régimen de libertades salta a los medios de comunicación el debate sobre los colegios que una fundación privada está construyendo en el Parc Bit de Palma de Mallorca. Y, como suele suceder en estos casos, se produce la paradójica situación de que quienes más blasonan de defender la libertad son, precisamente, los que más se oponen al ejercicio de ese principio superior que garantiza el primer artículo de nuestra Constitución.

La creación de centros de enseñanza privados siempre provoca en los centros dependientes del Erario Público una cierta desazón. La enseñanza pública española, habituada al monopolio de la expedición de títulos, sin duda por su impronta francesa del XIX, no acepta de buen grado que desde el ámbito privado se le haga competencia. Por supuesto, hay excepciones, pero éstas se manifiestan siempre en el ámbito individual.

Quienes se oponen a la libre creación de centros de enseñanza, muestran su rechazo a que la educación se considere un servicio más sujeto a las leyes del mercado. Haciendo suyos los típicos resabios de una jerga decimonónica, suponen que lo público es bueno y la competencia privada es mala, muy mala… sobre todo cuando un@ está acostumbrad@ a vivir beneficiándose de una situación de monopolio. Lo más curioso de todo es que, por poner un ejemplo, el principio director de las reformas universitarias de los últimos años es la adaptación de la universidad a… las necesidades del mercado.

Otra de las paradojas que se dan con más frecuencia en torno a este tipo de centros de enseñanza es aquella que consiste en imputarles todos los males posibles. Así, por ejemplo, se ha dicho en las páginas del Diario de Mallorca que:

Si separamos a las personas con coeficiente intelectual elevado de las que no lo tienen, si separamos a las personas de clase social baja de les de clase social alta, si separamos las personas según la cultura i procedencia, si separamos las personas según el color de la piel, si separamos las persones según el sexo, seguramente la eficiencia en el aprendizaje será más elevada, eficiencia por lo que hace a los resultados académicos y a los resultados cognitivos, es decir, por lo que hace al rendimiento; pero, no nos engañemos, eso no es educación.

En primer lugar, el párrafo es un claro ejemplo de demagogia, porque más parece hablar de un campo de concentración que de un centro de enseñanza. En segundo lugar, la autora induce al lector a pensar que en los Colegios del Parc Bit se va a separar al alumnado por su clase social, por su coeficiente intelectual, por sus ingresos, o por el color de su piel.

Y si la autora piensa que tal sucederá en esos colegios, es que no sabe por dónde le da el aire. O tiene muy mala leche. Es más, se podría decir que nunca ha pisado un colegio de los mal llamados “del Opus” (dado que el Opus Dei no tiene colegios). Si tiene un poco de paciencia, y algo de confianza en la buena fe de los padres y las madres que los promueven, ella misma podrá comprobar que sus temores son infundados y que el ideario de esos colegios va en dirección diametralmente opuesta a la mendaz acusación de segregar a nadie por su clase social, por su coeficiente intelectual, por sus ingresos, o por el color de su piel.

Y no se les segregará porque, poniendo en práctica las enseñanzas de San Josemaría Escrivá de Balaguer, en esos colegios, junto con un elevado rigor educativo, se persigue sólo y exclusivamente difundir, entre multitudes de todas las razas, de todas las condiciones sociales, de todos los países, el conocimiento y la práctica de la doctrina salvadora de Cristo: contribuir a que haya más amor de Dios en la tierra y, por tanto, más paz, más justicia entre los hombres, hijos de un solo Padre.

Muchos miles de personas —millones—, en todo el mundo, lo han entendido. Otros, más bien pocos, por los motivos que sean, parece que no. Si mi corazón está más cerca de los primeros, honro y amo también a los otros, porque en todos es respetable y estimable su dignidad, y todos están llamados a la gloria de hijos de Dios. (San Josemaria Escrivá, Homilía El respeto cristiano a la persona y a su libertad).

Y en cuanto a la coeducación obligatoria, es claro que por algunos se pretende prohibir la educación diferenciada de niños y niñas, y que todos los centros educativos han de ser, obligatoriamente, mixtos. Obviamente, es legítimamente defendible la bondad de la educación mixta; pero también lo es la defensa de la educación diferenciada. Es tan simple como los es cualquier cuestión de preferencias personales, de respeto a las convicciones, de apostar por la diversidad de sistemas pedagógicos. Y si no es lícito imponer nada a nadie, lo lógico es que quién quiera colegio mixto, que pueda elegirlo; pero es igualmente legítimo que también pueda elegir libremente el que quiera educación diferenciada. Mientras los centros de educación diferenciada no pretenden imponer nada a nadie, es evidente que algunas ideologías quieren que sólo exista la educación mixta: ¿y la libertad?

Porque, en el fondo, de lo que estamos hablando es del pleno respeto a las convicciones ajenas, del libre ejercicio del pluralismo educativo, de llevar a la práctica el convivir con quienes piensan de forma diferente; en definitiva, estamos hablando de libertad. Y eso es, precisamente, lo que persiguen los padres y madres que están promoviendo esos colegios: ejercer libremente, y en igualdad de condiciones, su legítimo derecho a educar a sus hijos como a ellos les de la gana, ahora que se cumplen 30 años de libertad.

Y termino citando de nuevo una de las enseñanzas de San Josemaría Escrivá:

“si alguno entendiese el reino de Cristo como un programa político, no habría profundizado en la finalidad sobrenatural de la fe y estaría a un paso de gravar las conciencias con pesos que no son los de Jesús, porque su yugo es suave y su carga ligera. Amemos de verdad a todos los hombres; amemos a Cristo, por encima de todo; y, entonces, no tendremos más remedio que amar la legítima libertad de los otros, en una pacífica y razonable convivencia.” (Es Cristo que pasa, Homilía Cristo Rey, Punto 184).

La última patraña

Ya lo decíamos ayer, pero resulta que Jaime lo dice mejor que yo, por lo que me permito la osadía de apelar a nuestra vieja amistad y hacer un copy-paste de su artículo.

Dice así:

Cuando estudiaba en la Universidad de Barcelona a principios de los 70, me resultó atractivo el movimiento estudiantil contra el régimen de Franco, controlado por la Liga Comunista Revolucionaria de cuño trotskista. En cambio, el marxismo me resultó siempre soporífero. Cuando me asomé a Marx me pareció todo ello una patraña, incapaz de dotar de sentido mi experiencia vital.

Viene este recuerdo a mi memoria por la reciente lectura en Claves de Razón Práctica del Alegato contra la religión del antiguo trotskista británico Christopher Hitchens, en el que intenta persuadir a sus lectores de que han de abandonar sus creencias religiosas porque «las ciencias de la crítica textual, la arqueología, la física y la biología molecular han demostrado que los mitos religiosos son explicaciones falsas y artificiales». Llama la atención cuánto han proliferado tantos libros de proselitismo pseudo-científico antirreligioso por parte de quienes han ido dando tumbos ideológicos de acá para allá.

A quienes nunca hemos sido marxistas ni hemos apoyado ningún tipo de totalitarismo, esas defensas del ateísmo, supuestamente bienintencionadas, no pueden menos que revolvernos las tripas y el corazón. ¿Por qué pretenden imbuirnos de su paganismo? Si piensan que el cristianismo no es más fiable que los horóscopos, ¿por qué invertir esfuerzo en atacarlo? Lo que les pasa es que lo único que les queda del marxismo es su hostilidad contra la religión.

A finales de los 80 fui a la ciudad ucraniana de Lviv, que tiene cerca de un millón de habitantes. Visité su catedral católica transformada entonces en Museo del Ateísmo. Entre las piezas que se exhibían había una estatua de la Virgen en la que habían instalado por detrás un ingenioso mecanismo para verter agua de modo que simulara unas lágrimas: se enseñaba aquel artilugio a los alumnos de los colegios que visitaban el centro, explicándoles que así fabricaban sus «milagros» los católicos.

La pasada semana viajé a México y aproveché la ocasión para visitar la casa de Leon Trotsky, en la que en agosto de 1940 fue asesinado con un piolet por el catalán Ramón Mercader. Aquella sangrienta ejecución de un líder revolucionario por orden de Stalin reforzaba mi amarga impresión de que el comunismo es una ideología que llena a los seres humanos de odio y de una profunda tristeza.

En contraste, el cristianismo es una religión alegre que pretende ensanchar el horizonte de nuestras vidas, llenándolas de sentido, de amor y de servicio a los demás. Quienes han sido marxistas deberían dedicar su esfuerzo a intentar comprender cómo fueron captados por esa siniestra ideología en vez de empeñarse en persuadirnos de que tenían razón al menos en su hostilidad a la religión: a mí y a otros de mi generación, ese ateísmo militante nos parece la última patraña del marxismo.

Los problemas de la Justicia en España

Al hilo de los recientes y desgraciados acontecimientos que han salpicado a la Justicia por su mal funcionamiento; y por mucho que se empeñen los Sindicatos y el Ministerio de Justicia en reforzar las horas dedicadas a tramitar asuntos, el proverbial atasco de los Juzgados no lo van a resolver nunca. Al menos, mientras no se resuelvan unos cuantos problemas más.

El primero de ellos, es el eterno desfase existente entre el volumen de asuntos que se tramitan al año y el número de Juzgados que han de tramitarlos. Siempre crece a ritmo mucho más rápido el número de asuntos, mientras que nunca aumenta en la misma proporción el número de Juzgados. Eso es así desde que tengo uso de razón (y ya voy a por los 50).

El segundo problema está en la ridícula dotación presupuestaria del Ministerio de Justicia que, desde siempre, es la "hermana pobre" de la Administración Pública. El día en que Justicia tenga los mismos medios humanos, técnicos y presupuestarios que la Inspección de Hacienda, tendremos una Justicia moderna. Mientras tanto, nos tendremos que conformar, en pleno siglo XXI, con una Justicia decimonónica.

El tercer problema reside en el desfase tecnológico que sufren los Juzgados, comparados, por ejemplo, con la Banca Privada o con la Hacienda Pública. Por no tener, los Juzgados españoles no tienen ni una dirección de correo electrónico que esté disponible, no ya al público en general, sino para abogados, fiscales o procuradores. Y, no hablemos de la posibilidad de consultar el estado de los expedientes a través de Internet.

El cuarto problema nos lo encontramos en la dispersión de Organismos (evidentemente incompetentes) que "meten sus sucias manos" en este pastel: Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas con esa competencia transferida y Consejo General del Poder Judicial. Al final, los unos por los otros y la casa sin barrer. Por ejemplo: llevamos más de tres años esperando a que entre en funcionamiento un programa que permita incorporar a los ordenadores de los Juzgados los documentos electrónicos que aportemos los abogados fiscales o procuradores por vía electrónica. Pues bien, a estas alturas de Internet, hoy es el día en que seguimos esperando a que el Ministerio, las CCAA que tienen transferidas las competencias de Justicia y el CGPJ se pongan de acuerdo en cómo debe ser ese programa. Que yo sepa, el programa sólo está funcionando, en fase de pruebas y no en todos los Juzgados, en León, patria chica de ZP, y en Zaragoza, de donde es, curiosamente, el Presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Sr. Carnicer. Al paso que vamos, eso llegará al resto de España, Dios mediante, en el próximo siglo.

El quinto problema es de recursos humanos, y paradójicamente, la culpa la tienen los Jueces, los Secretarios Judiciales y el resto de personal adscrito a las Oficinas Judiciales. Me explico. Desde siempre, es el personal de los Juzgados el que absorbe el aumento de la litigiosidad mediante el aumento de horas de trabajo, ya sea en casa o en el juzgado (y hablo con conocimiento directo de tema). Han aceptado trabajar a base de incentivos por productividad y, con ello, hemos conseguido tener muchas sentencias, sí, pero muchas de ellas redactadas con excesiva prisa y muchas más pendientes de ejecutar, cuando lo ideal es tener buenas sentencias, aunque sean pocas, pero ni una más; y que sean el Ministerio, las CC.AA. y el CGPJ los se pongan las pilas para que haya, cada año, más Juzgados y mejor dotados, en función del aumento de la litigiosidad.

Hasta que no se solucionen todos esos problemas, y alguno otro que no cito para no aburrir, la Justicia en España irá como puta por rastrojo, dando tumbos al socaire de los vientos que soplen el Ministerio, en las CC.AA. y en el CGPJ.

Todo lo demás serán vanos intentos de cambiar la mierda de sitio, en lugar de limpiar la porquería.

Y, como decimos los sufridos letrados, este es mi parecer, que someto a cualquier otro mejor fundado.

Guerreros togados

Despues de casi un mes en dique seco, y con las baterías casi gastadas, cuelgo este artículo de Emilio Capmany en Libertad Digital, comentando el reciente encontronazo institucional con motivo del proceso contra los Albertos.

La sentencia por la que el Tribunal Constitucional ampara a los Albertos y considera prescrito su delito de estafa ha dado lugar a un toma y daca que sugiere preocupadas reflexiones e inquietantes preguntas.

Lo primero que hay que decir es que la doctrina del Tribunal Constitucional no es tan disparatada como parece. Entender que la prescripción del delito no se interrumpe por la presentación de la querella o denuncia y que sólo se produce con su admisión a trámite es discutible, pero no descabellado.

Lo que sí puede ser descabellado es que el Tribunal Constitucional, limitada su función jurisdiccional a valorar si los condenados han sido privados de la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho, estime que, por una interpretación del Tribunal Supremo acerca del modo en que prescriben los delitos, ha privado a los Albertos de ella. Si no se disfruta de tutela judicial efectiva por esto, no se disfrutará en general siempre que un tribunal, incluido el Supremo, condene a alguien en base a una interpretación de las leyes con la que no está conforme el Constitucional. Entonces, el Constitucional sería el verdadero Tribunal Supremo, y éste no pasaría de ser una instancia intermedia.

Así que todas las quejas en general y las de la Fiscalía en particular están más que justificadas. Ahora bien, es impropio de un Fiscal General del Estado criticar una sentencia del Tribunal Constitucional acusándolo demagógicamente de estar más cerca de los estafadores que de los estafados y poniéndose él mismo como ejemplo de institución que hace lo contrario, estar más cerca de las víctimas que de los delincuentes. Todos ellos están para hacer Justicia, y esto significa absolver cuando hay que absolver y condenar cuando hay que condenar, y no estar más cerca de nadie.

Menos aún se entiende la reacción del propio Tribunal Constitucional que, sin rechistar a las críticas del Tribunal Supremo, le envió una nota al presidente del Gobierno pidiéndole, poco más o menos, que sujete a su Fiscal General e impida que exprese su punto de vista cuando sea contrario a la doctrina del alto tribunal.

¿Desconoce el Tribunal Constitucional que la Fiscalía forma parte del Poder Judicial y que, por lo tanto, es independiente del Poder Ejecutivo? ¿No será cosa de que el Tribunal intuye que, de facto, la Fiscalía hace lo que el Ejecutivo quiere que haga? ¿Ha sido la sentencia que anula la condena de los Albertos una sentencia "política", poco respetuosa con el Derecho positivo, pero necesaria para hacer justicia material sin tener qué explicar adónde fue realmente a parar el dinero supuestamente estafado? ¿Es por eso por lo que el Constitucional se ve obligado a apelar a la máxima autoridad política en busca de amparo?

La contestación del presidente del Gobierno diciendo que "toma nota" de la queja, como si estuviera en disposición de proporcionar el amparo solicitado, inclina a creer que la respuesta a las anteriores preguntas es afirmativa.

Un feo asunto que no deja de ser una prueba, entre muchas otras, de cuánta falta hace en España una Justicia más independiente. He aquí un buen tema sobre el que debatir el próximo lunes. Ya verán como no sale.

Ofensiva contra los obispos: ¿A qué tienen miedo?

Merece la pena leer este artículo de Opinión de Victoria Llopis, que hoy publica Libertad Digital; resume de manera magistral cómo está el patio ideológico del PSOE.

Pido la paz y la palabra...

Empieza a ser verdaderamente llamativo el torrente de críticas "no constructivas", descalificaciones groseras e insultos personales que se vierten sobre cualquier discrepante, tanto del partido político que lidera la oposición, como de las diversas asociaciones civiles de variado ámbito, y sobre todo y muy especialmente, de la Iglesia Católica. Llamativo y sobre todo sintomático: huele a perdedor.

Centremos los antecedentes. Hace tiempo que es ya público que para el inquilino de la Moncloa la acción política no debe tener una referencia antropológica y moral, no está vinculada a tradiciones filosóficas o espirituales, sino que es la expresión de la autodeterminación total: los deseos individuales se convierten en derechos, y el Poder legisla para que se cumplan.

Ahí tienen, por ejemplo, las confesiones del presidente a Suso de Toro en Madera de Zapatero o el jugoso prólogo del libro de Jordi Sevilla De nuevo, Socialismo:

En política no hay ideas lógicas. Hay ideas sujetas a debate que se aceptan en un proceso deliberativo, pero nunca por la evidencia de una deducción lógica. En política no sirve la lógica, es decir, en el dominio de la organización de la convivencia no resultan válidos ni el método inductivo ni el método deductivo, sino tan sólo la discusión sobre diferentes opciones sin hilo conductor alguno que oriente las premisas y los objetivos; entonces todo es posible y aceptable, dado que carecemos de principios, de valores y de argumentos racionales que nos guíen en la resolución de los problemas.

Para este hombre, el ser humano y la vida social serían como una página en blanco, susceptibles de reinventarse por completo en función de un nuevo consenso social, que en la práctica es tremendamente moldeable por el Poder.

Zapatero sueña con ser el nuevo Mesías que lleve al pueblo español –secularmente "alienado" por la penetración de la Iglesia– a la nueva tierra de promisión donde podrán disfrutar de la leche y miel del relativismo, del laicismo y de la ideología de género, las tres patas del banco en el que quiere que nos sentemos todos. Naturalmente, para ello aquellas tradiciones morales e instituciones que han moldeado nuestra bimilenaria historia común suponen un obstáculo para esa política de tabla rasa.

La hostilidad hacia ese tejido de sociedad civil que ha ido emergiendo a medida que aumentaban los actos y el clima opresivo, y que en forma sorprendentemente rápida han conseguido organización y sobre todo visibilidad pública, ha sido una constante de la legislatura: AVT o Foro de Ermua, padres objetores y centros escolares beligerantes frente a Educación para la Ciudadanía, obispos díscolos, militantes del PSOE disidentes, periodistas y medios de comunicación libres...

Zapatero no ha ahorrado referencias peyorativas a una sociedad marcada por una moral "carca" y "casposa". Para adornar tan extraordinario argumento se ha apoyado en su mentor, Peces Barba, quien ha declarado que "el creyente no puede ser protagonista político". ¿Motivo? Las religiones son irracionales y los creyentes por lo tanto lo serían también. Traducción: el Poder se arroga la potestad de decidir quién puede tener protagonismo y quién no en la vida pública, que consideran, por tanto, su propio cortijo. Pues señores, lamentamos decirles que eso no es más que grosera mentalidad totalitaria.

Miren: si otras formas de ver la vida tuvieron en el pasado algún tipo de hegemonía, la solución no es su sustitución por otra hegemonía estatalista y laicista de signo opuesto, sin sencillamente la libertad. Su mayoría parlamentaria es tan exigua que deja fuera prácticamente a la mitad de los ciudadanos; pero aunque fuera más amplia, tampoco estaría legitimada para imponer legislativamente una nueva moral y costumbres; una nueva matriz ética y un nuevo universo cultural.

No se puede dar por aceptable para todos lo que no es aceptado por todos. No puede pretender que legislan en nombre de la libertad si lo hacen violentando la libertad de muchos.
Por ello, frente al respeto por las reglas del juego que muestran todos los actores sociales mencionados, ellos sólo insultan, descalifican, agreden de mil maneras. Ya decía Julián Marías que "la mentira introduce la perversión en las relaciones humanas, perturba la visión de lo real, confiere una circulación fraudulenta a tesis que nada tienen que ver con la realidad. Se trata de una colosal suplantación de lo verdadero por ficciones incapaces de resistir cinco minutos de análisis. Por ello, el tratamiento de la mentira debe consistir en dejar a los que falsean la realidad sin el apoyo envolvente de los que favorecen sistemáticamente la suplantación. La realidad misma es la que puede asumir la función de la afirmación de sus derechos irrenunciables."

Y la realidad es que la Iglesia Católica sigue convocando a amplias multitudes porque ven en ella en estos momentos de encrucijada nacional un baluarte firme e insobornable de defensa de las libertades que consagra nuestra Constitución y que el Gobierno de Zapatero está conculcando de facto: libertad de educación, igualdad de todos ante la Ley, solidaridad entre los territorios, pluralismo ideológico y defensa de la dignidad del hombre y su verdad antropológica.

Ya les advirtió Habermas que "el precepto de neutralidad frente a todas las comunidades religiosas y todas la ideologías no desemboca necesariamente en una política religiosa laicista que hoy en día es criticada incluso en Francia". En la Francia cuyo presidente acaba de afirmar que "la laicidad positiva vela al mismo tiempo por la libertad de pensar, de creer y de no creer, y no considera que las religiones son un peligro, sino más bien una ventaja".

Sin libertad de conciencia y sin libertad de expresión no hay sociedad occidental, no hay Estado de Derecho. Y criminalizar esas libertades es retornar a los más oscuros periodos de la Historia.

"La Iglesia no ha entrado en campaña electoral y su discurso no es político", ha protestado Monseñor Martínez Camino. Lo saben, Monseñor, lo saben. Sólo quieren que se callen. Pero deberían darse por avisados con lo que ha dicho Monseñor Sebastián: que lo tendrán difícil, porque "la Iglesia es toda ella Palabra".

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